PROYECTO DE LEY SOBRE ABORTO POR VIOLACIÓN

En el segundo debate del Pleno Legislativo, Ecuador dio un gran paso frente a los derechos a favor de las mujeres víctimas de violación.  Con este proyecto de ley se pretende definir el aborto como un derecho para todas aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violación, dejando de lado la discapacidad mental o la premisa de que la vida en gestación esté bajo riesgo en sí misma o para la madre.

Con el fin de entender una realidad latente, en cuanto a las niñas, adolescentes y mujeres, finalmente se establecieron las semanas para proceder con la interrupción voluntaria de embarazo en víctimas de violación.  En general, se establecen hasta 12 de semanas de gestación para la interrupción del embarazo, y para niñas, adolescentes y mujeres pertenecientes a zonas rurales, podrá realizarse la interrupción hasta las 18 semanas de gestación, excepcionalmente.

Para este procedimiento, el profesional de salud deberá verificar que la víctima se encuentre dentro de las semanas establecidas en la ley.  Además, una consideración importante que atañe a este proyecto, es que no se necesitará una denuncia, examen o declaración previa de la víctima que desee interrumpir el embarazo de manera voluntaria, y si existiere denuncia se anexará al formulario pertinente asignado para este procedimiento.  Este formulario, que será llenado por la víctima, será remitido a Fiscalía en un máximo de 24 horas, para proceder con el trámite legal pertinente y garantizar el acceso a la justicia.

Respecto al personal médico, se establece que gozará de protección legal para practicar este procedimiento, con lo cual se garantiza que ningún profesional de la salud sea sujeto de procesos judiciales o administrativos por su intervención en interrupciones de embarazo voluntarias.  Es importante destacar que, a pesar de que se menciona que la objeción de conciencia es un derecho de carácter personalísimo, no podrá presentarse como una objeción colectiva o institucional para la negativa a realizar este procedimiento; sin embargo, el profesional de salud podrá revocar o cambiar su decisión de objeción de conciencia en el momento que considere adecuado, dejando una puerta abierta para que varios médicos puedan negarse a intervenir en procedimientos como éste.

A paso lento y con varias trabas, se ha aprobado este proyecto de ley, con el que se busca regular un tema complejo en la sociedad ecuatoriana, que obliga al Estado a plantearse soluciones y garantías para este grupo vulnerable.

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POLILEGAL S.A.
Febrero 2022